SOLIDARIDAD CON LA JUEZA MARIANA MOTA

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 13 DE ABRIL DE 2012


DISPARAN SOBRE LA JUEZA MOTA II

Justicia muda

A los mandos militares les molestó que Mariana Mota dijera que en la dictadura, de forma deliberada, se destrozó psíquicamente a los presos políticos. Las declaraciones de la jueza a un periódico argentino fueron la excusa para iniciar una nueva operación mediática y política para sacarla de las causas judiciales sobre violaciones de los derechos humanos. En realidad, temen que la indagación sobre 19 muertes por tortura de la que está a cargo junto con la fiscal Ana María Tellechea lleve al procesamiento con prisión de otra tanda de militares.

ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

El semanario Búsqueda y el segmento ‘La tertulia’ del programa En perspectiva de radio El Espectador volvieron a ser los protagonistas de un nuevo capítulo mediático contra la jueza Mariana Mota. En mayo de 2011, Búsqueda fue el que denunció que Mota estaba conversando con el abogado Óscar López Goldaracena en la plaza 33 Orientales, cuando por la avenida 18 de Julio transitaba la Marcha del Silencio en reclamo por los desaparecidos uruguayos. También el año pasado, en ‘La tertulia’ se opinó duramente sobre Mota por su fallo de procesamiento del coronel Carlos Calcagno. La propia jueza terminó por enviar una carta aclaratoria al director del programa, Emiliano Cotelo.

Esta vez, Búsqueda obtuvo las declaraciones de Mujica en las que el presidente de la República reclama una intervención de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ante las declaraciones que la jueza Mariana Mota hizo al diario argentino Página 12. Esta vez, el tema fue planteado por el periodista Emiliano Cotelo en una edición de ‘La tertulia’ a la que asistieron el colorado Carlos Maggi, el tupamaro Mauricio Rosencof, la blanca Matilde Rodríguez y el ingeniero Juan Grompone.

Sin dar información de los dichos de la jueza, Maggi calificó a Mota de “desbocada” y “desequilibrada”, dijo que “prejuzga” y que está “embanderada” y opinó que “sería bueno que pasara a ejercer en el derecho civil, donde pueda hacer menos daños al honor y a la libertad de las personas”. El tertuliano llegó al extremo de afirmar que cuando Mota ha tomado testimonio a mujeres víctimas de tortura en la dictadura “lo que tiene es ganas de que las hayan violado para poder juzgar a más gente de una manera feroz”. Rosencof, por su parte, consideró que Mota había caído en una suerte de “desacato”, Rodríguez dijo que la jueza sufría de “incontinencia verbal” y Grompone opinó que “decir que la línea argentina sobre los derechos humanos es fantástica y maravillosa, y no es como en el Uruguay que es mala, es un error de apreciación”.

Ninguno de los contertulios, sin embargo, supo expresar qué ley, norma, reglamento o pauta ética uruguaya habría violado la jueza con sus palabras a un medio de prensa argentino. Los dichos de Mota no afectan el inciso 4° del artículo 77 de la Constitución en el que se prohíbe a los magistrados “formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. No hay causal de mala “comportación” ni “razones de buen servicio” que los miembros de la SCJ puedan esgrimir para un eventual traslado de la jueza.

Sin embargo, la presión para una sanción a Mota ha llegado al extremo de la falsificación de dos supuestos mensajes de correo electrónico de la jueza, que circularon como auténticos en las redes sociales de internet y hacen recordar viejas operaciones mediáticas de los servicios de inteligencia o contrainformación de la dictadura. En ambos textos se daba una visión correcta del ataque del que es objeto la magistrada; sin embargo, en su contenido se colocaba a la jueza en una posición mucho más ofensiva de lo que llegó a declarar, casi con timidez, a Página 12. Incluso, con un párrafo dedicado a la fiscal Mirtha Guianze, cuya designación al frente del Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía una resistencia similar por parte de los partidos de oposición.

LO QUE DIJO MOTA

En la entrevista con el periodista Adrián Pérez de Página 12, la jueza Mariana Mota hizo afirmaciones que molestaron a algunos sectores del sistema político uruguayo: fundamentó por qué debe aplicarse la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, explicó en qué marco ya la han querido sacar de su cargo bajo presión política de los partidos tradicionales y sostuvo que en Uruguay, a diferencia de Argentina, no hay una promoción de Estado en favor de los derechos humanos.

Mota estaba participando en Buenos Aires en las jornadas “Hacer justicia: nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, a las que había sido invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Es en el contexto de ese encuentro y ese temario que hizo las declaraciones que el periódico porteño publicó el 19 de marzo.

“En Uruguay se consagró el delito de desaparición forzada en 2006 por la ley 18.026. Es un delito de ejecución permanente; se continúa cometiendo en el tiempo hasta que se determine el destino del detenido-desaparecido y aparezca el detenido o sus restos. En estos casos, dado el largo tiempo transcurrido, se trataría de la aparición de sus restos. Al continuar ejecutándose en el tiempo, luego del año 2006 corresponde que se aplique el régimen legal vigente, es decir, la ley 18.026, y se califique como desaparición forzada. Otros juzgados y tribunales consideran –a mi juicio, erróneamente– que al regir en el inicio del delito otro régimen legal, que no tenía esta figura penal, no corresponde su aplicación”, explicó la jueza.

La posición jurídica defendida públicamente por Mota para los casos de desaparecidos coincide con los lineamientos por los que se rigen los jueces a nivel internacional: son crímenes de ejecución permanente hasta que aparezcan los restos de las víctimas, son crímenes de lesa humanidad. Pero no es ésa la posición que sustenta la mayoría de los ministros de la SCJ uruguaya, quienes comenzaron a ejercer como jueces en tiempos de la misma dictadura cuyos crímenes hoy juzgan.

En la entrevista con Página 12, Mota también contextualiza el episodio en el que los ministros de la Corte le pidieron explicaciones por su supuesta participación en la Marcha del Silencio del 20 de mayo de 2011: en esos días, estaba condenando al dictador Juan María Bordaberry por el homicidio de Ubagésner Chávez Sosa, cuyos restos habían sido recuperados, procesaba a otros dos oficiales por ese crimen e indagaba el caso de desaparición de Horacio Gelós Bonilla. “Los abogados pidieron que me apartara de esas causas”, recordó la jueza.

“Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político”, reivindicó Mota en la entrevista.

ALUSIONES QUE DUELEN

Finalmente, Mota hizo dos afirmaciones que son las que mayor sensibilidad han generado en el escenario político y posibilitaron una nueva operación mediática en su contra... Cuando se le preguntó cómo analizaba el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de verdad y justicia, respondió: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.

La alusión molestó al presidente José Mujica, quien, interrogado por Búsqueda, dijo: “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo […] Me llamó la atención que no he visto manifestaciones de ningún tipo, ni de la Suprema Corte de Justicia ni de nada parecido […] Creo suponer que el episodio de los enfermeros tapó todos los hechos".

Al día siguiente se informaba que la Corte ya había pedido explicaciones a la jueza. El ministro Jorge Chediak recordó que a los jueces les está “absolutamente vedado por el estatuto todo tipo de manifestaciones vinculadas a la política partidaria, eso es clarísimo […] Habrá que ver si hizo las declaraciones, cuál fue el contenido, y analizar si están dentro de ese marco de actuación limitado o no”, agregó.

Pero las palabras de Mota tuvieron un impacto mucho más fuerte dentro del Ministerio de Defensa Nacional. No por esa frase en la que también hizo alusión al ministro Eleuterio Fernández Huidobro, sino por la última respuesta de la entrevista en Página 12, en la que Mota afirmó que la destrucción psíquica de los detenidos fue buscada deliberadamente por las Fuerzas Armadas Uruguaya. Cuando se le preguntó qué elementos rescataba de los testimonios que recogía en las audiencias, la jueza contestó: “Las relaciones antagónicas entre padres e hijos. El destrozo en la psiquis que quedó en cada sobreviviente, porque ésa fue deliberadamente la intención de los militares cuando no los mataban. El proceso penal uruguayo es lento. El declarar después de tantos años permite a las víctimas liberarse de una carga emocional muy grande”.

La afirmación sobre esa intencionalidad militar sería la excusa que lleva hoy a los mandos castrenses y otros grupos de presión a reclamar con fuerza –aunque en silencio– que la jueza sea sacada de las causas de derechos humanos. El posicionamiento jurídico de Mota les hace prever que otro importante grupo de militares será procesado con prisión en el marco de la causa de 19 muertes por tortura durante el período dictatorial de Juan María Bordaberry, que la jueza indaga desde el pasado año junto con otro actor jurídico atacado, la fiscal Ana María Tellechea.